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Oficina Asesora Jurídica

Acerca de la Oficina

La Oficina Asesora Jurídica presta apoyo y acompañamiento legal al Despacho del Secretario de Educación y a las demás direcciones y dependencias de la Secretaría, para que sus actuaciones administrativas se ajusten al marco normativo vigente.

Representa los intereses de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío en los asuntos judiciales y extrajudiciales relacionados con el sector educativo, y brinda orientación jurídica oportuna a los procesos y trámites que se adelantan al interior de la entidad.

Funciones principales

  • Asesorar jurídicamente al Despacho del Secretario y a las direcciones y oficinas de la Secretaría de Educación.
  • Representar a la Secretaría de Educación en los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte.
  • Emitir conceptos y absolver consultas jurídicas relacionadas con la normatividad educativa.
  • Revisar y proyectar actos administrativos, contratos y convenios de la Secretaría.
  • Brindar acompañamiento legal a los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.
  • Dar respuesta jurídica a peticiones, quejas, reclamos y tutelas presentadas ante la Secretaría.
  • Gestionar el cobro de las obligaciones a favor de la Secretaría de Educación, cuando haya lugar.
  • Divulgar y mantener actualizada la información normativa aplicable al sector educativo.

Conceptos y consultas jurídicas

Atención de solicitudes de concepto sobre normatividad educativa y asuntos de competencia de la Secretaría.

Revisión de actos administrativos, contratos y convenios

Verificación de la legalidad de resoluciones, contratos y convenios antes de su suscripción o expedición.

Atención de tutelas y derechos de petición

Elaboración de respuestas jurídicas dentro de los términos legales establecidos.

Acompañamiento a procesos de contratación

Orientación legal a las direcciones y oficinas de la Secretaría durante los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras.

Representación judicial y extrajudicial

Defensa de los intereses de la Secretaría de Educación ante autoridades judiciales y administrativas.